Opinión: Organizaciones de la sociedad civil solicitan aumento al bajo presupuesto asignado por el Ejecutivo a Contraloría General de la República

Entre ellas figuran Fundación Defendamos la Ciudad, Viña Futuro 2030, Ciudadano Inteligente, Asociación de Consumidores CONADECUS, Asociación Mapuche Kallfulikan, Fundación Rostros Nuevos, Fundación Altiplano, Chiletransparente.

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En nuestro país existe un régimen democrático basado en el Estado de Derecho, en donde opera en materias económicas un sistema de libre mercado, que debiera estar cautelado por diversas instituciones públicas, las que deben velar para que los actores privados de los variados sectores productivos siempre se rijan por el apego de los distintos marcos regulatorios y con estricto respeto por la competencia, ello para evitar el enriquecimiento sin causa y para que los consumidores elijan sin distorsiones de precios los bienes y servicios ofrecidos por los anteriores.

Mucho se habla de transparencia en la gestión de la Administración del Estado y en tal sentido reconocemos favorablemente el rol que está ejerciendo desde el 20 de abril del año 2009, conforme a la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, aunque todavía existen muchos servicios públicos que se resisten con ciertos ardides a ceñirse a su mandato. Asimismo consideramos que ha sido un avance la publicación en el  Diario Oficial (25/05/2003) de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo, aunque se le deben introducir modificaciones para que se logre eficazmente su cometido.

Pero el órgano que custodia, por excelencia y desde hace 90 años el apego a la ley por parte de casi todos los servicios públicos, es la Contraloría General de la República y en este sentido, teniéndose en cuenta el reducido aporte económico que se le entrega anualmente para que cumpla con su gravitante cometido, las organizaciones de la sociedad civil informada que suscriben, formulan un llamado a la denominada clase política en orden a que decida comprometerse para aumentar significativamente ese aporte.

Hoy más que nunca, en que la credibilidad de las instituciones de la República está en entredicho, resulta necesario dotar a este órgano no solo de facultades, sino que además de medios para cumplir con el fin de transparencia que demanda la ciudadanía.

De acuerdo a cifras de conocimiento público, en los años que a continuación se indican, al
ente fiscalizador el Congreso Nacional le ha asignado los siguientes escasos y decrecientes porcentajes del presupuesto de la nación para el sector público.

Año 2014 …………………0,176 %
Año 2015 ………………..  0,168 %
Año 2016 …………………0,159 %
Año 2017 …………………0,153 %

Sabemos que algunos servicios de la Administración se han sentido incómodos con la noble
función que cumple la Contraloría General de la República y ello sucede porque ha detectado maniobras en esas dependencias para que altos funcionarios de las mismas obtengan privilegios o beneficios no contemplados en las leyes. Para la Contraloría hubiera sido fácil no emitir informes o dictámenes en esos casos, pero por cumplir cabalmente con sus atribuciones constitucionales se ha visto criticada sin fundamentos por los voceros de esas instituciones.

Nosotros demandamos  que la Contraloría disponga de más fuerza para que su importante
tarea que busca la probidad en todos los ámbitos del quehacer nacional sea una realidad en el corto y mediano plazo y para ello es esencial que aquellos que desean asumir cargos parlamentarios y los 8 candidatos presidenciales se sumen a esta propuesta de corte ciudadano.

Por ahora, los políticos deben dar una correcta señal de apoyo a la Contraloría para que con mayores herramientas pueda realizar con mayor profundidad su trascendental cometido y para ello esperamos que el Congreso Nacional le apruebe para el año 2018 un aporte muy superior al que se le ha asignado en los últimos años, con la convicción plena de que los nuevos parlamentarios, 155 diputados y 50 senadores, que asumen en marzo próximo, le fijarán para el año 2019, el 0,280% del presupuesto nacional para el sector público, el que debería ser considerado como un piso para los años siguientes del presupuesto nacional para el sector público.

Por: Javier Gómez González

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